Un informe presentado en la Corte Suprema de Justicia por una magistrada del sur de la provincia aceleró el proceso de obras en el penal de Villa Urquiza para retirar a los detenidos que se encuentran alojados en las dependencias policiales de Aguilares, Concepción y Juan Bautista Alberdi. Este nuevo capítulo de la crisis carcelaria terminó con el anuncio de la reforma de varios sectores en el penal de Villa Urquiza para lograr descomprimir la situación de las comisarías.

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El escrito, que fue elaborado por la jueza de Ejecución, Alicia Merched, del Centro Judicial Concepción, al que tuvo acceso LA GACETA, está dividido en dos partes. En la primera detalla todas las demoras que se registraban en las refacciones que había anunciado que realizaría el Poder Ejecutivo. “Básicamente daba cuenta de todas las trabas que existían y que impedía que condenados sean trasladados a los penales y sigan detenidos en las comisarías, violando todas las normas vigentes”, expresó una alta fuente del máximo tribunal de la provincia.

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La otra parte de la presentación, que ya es conocido como el Informe Merched II (por ser el segundo que presenta la magistrada en menos de dos años) muestra el espantoso cuadro que encontró en las tres comisarías que se presentó a inspeccionar de manera sorpresiva. Esto es lo que denunció:

- Aguilares: cuenta con tres celdas con capacidad para 18 personas, pero en esos momentos había 31 detenidos, de los cuales 11 estaban con condenas firmes. Los arrestados tiraban colchones en el suelo para poder dormir y no tienen espacio para caminar.

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- Concepción: “Constaté que en un espacio que tiene capacidad para 10 personas como mucho, se encontraban 24, totalmente hacinadas y con los colchones en el piso, saliendo solo para ir al baño que se encuentra al lado de las dos pequeñas celdas. También pude constatar que en un sector llamado “Chancho” se encontraban tres personas en pésimas condiciones de habitabilidad e higiene”, destacó la jueza Merched.

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- Alberdi: La magistrada de Ejecución también se presentó en esta dependencia luego de que le informaran que se había producido un intento de motín, pero al llegar descubrió que no había ocurrido nada fuera de lo común. Sí encontró a 21 arrestados, cuando en realidad, la comisaría tiene capacidad para siete personas. Los reos, según el informe, dormían sobre colchones mojados y el baño está ubicado en el interior de los arrestos, generando un ambiente irrespirable.

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Más allá de la calamitosa situación de los detenidos, en las tres dependencias que visitó, escuchó las mismas cosas. Los detenidos no tienen contacto con la luz natural del día ni se les permite salir del calabozo. Las otras dos quejas es que la única comida a la que acceden es la que les llevan sus parientes cuando pueden hacerlo. También denunciaron que no todos saben quiénes son sus defensores y, los que los conocen, no tienen un diálogo fluido para contarles la situación que están viviendo ni el estado de sus causas.

También destacó que, después de que las autoridades se enteraran del informe que estaba por realizar, permitieron el ingreso de nueve condenados al penal de Concepción, cuando días antes le habían avisado que no tenían lugar.

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Una reunión

El Informe Merched II fue recibido y analizado por la Corte. Después, el presidente del máximo tribunal, Daniel Leiva, mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa para tratar los problemas que está generando la crisis carcelaria. En el encuentro, el funcionario del PE le brindó un informe sobre el estado de las obras que se realizan en los penales de la provincia y el avance de la construcción de las alcaldías. También le informó que en la próxima semana se realizará la licitación para la construcción del penal de Benjamín Paz, luego de que fuera anulada la primera.

“Fue una reunión importante. Explicamos cuál es el plan de obra que estamos realizando en la cárcel. No es sencillo porque debemos ubicar a los presos para que se realicen los trabajos”, explicó Agüero Gamboa. “Las tareas se están desarrollando a un buen ritmo. Están trabajando empresas privadas y, en las tareas más sencillas, cuadrillas integradas por reclusos que tienen conocimientos en la materia”, finalizó.

Polémica: defensores no pudieron dar una capacitación

Una polémica estalló en tribunales por un curso de capacitación para el personal del servicio penitenciario. Luego de una visita, el Comité Nacional contra la Tortura, pidió que se les diera charlas a los guardiacárceles sobre el trato que les debían dar a los reos. La jueza de Ejecución Alicia Merched, con la autorización de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, organizó los encuentros, de los que también fueron invitados a participar los defensores oficiales en Ejecución del sur de la provincia. Sin embargo, el ministro de la Defensa, Washington Navarro Dávila, no autorizó a los profesionales a participar de la capacitación porque, según se argumentó, no es su función hacerlo. Vale la pena recordar que una de las denuncias que realizó Merched justamente tiene que ver con las quejas de los detenidos por la falta de contacto con sus defensores.